El presidente del CDDA valora que las obligaciones dependan de instituciones y contratos, no de voluntades políticas
La fortaleza institucional del acuerdo petrolero entre Venezuela y Estados Unidos es, para Leopoldo Martínez Nucete, uno de sus atributos más valiosos. “Todos los derechos y obligaciones de la transacción pertenecerán a los gobiernos de Estados Unidos y Venezuela. El acuerdo sobrevivirá a cualquier ocupante de la Casa Blanca”, afirma el exdiputado y presidente del Center for Democracy and Development in the Americas (CDDA).
El mismo principio, señala, rige del lado venezolano: las obligaciones no dependerían de la voluntad política de Delcy Rodríguez, “sino de instituciones, contratos válidos y reglas capaces de sobrevivir a los cambios de gobierno”.
El entendimiento apunta a una asociación energética de largo plazo para el desarrollo de 17 campos petroleros con un potencial estimado de 65.000 millones de barriles. Los cálculos del gobierno venezolano proyectan más de 100.000 millones de dólares en inversiones y unos 209.000 millones de dólares en ingresos tributarios.
Martínez destaca que las reservas continuarían perteneciendo a Venezuela, mientras Estados Unidos obtendría una participación mayoritaria en el petróleo producido.
En el plano legal, resalta la reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos para incorporar contratos de participación en la producción, que facilitaría la llegada de capital privado sin alterar la propiedad estatal de los yacimientos.
El analista añade que una asociación energética estable “anclaría la transición política del país e incentivaría el establecimiento de reglas predecibles, certeza jurídica y estabilidad”, y recomienda someter los recursos a presupuestos públicos, auditorías independientes y supervisión parlamentaria.
